Un tribunal oral decidió que Lázaro Báez seguirá preso un año más

El TOF 4 apoyó el pedido del fiscal Córdoba sobre los peligrosos procesales que significaría su excarcelación.

 

A pocas horas de cumplir dos años en prisión, Lázaro Báez no logró su excarcelación. Cumplido el plazo máximo que establece la ley penal para la prisión preventiva, el empresario K solicitó al Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que ponga fin a su detención. Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez, decidieron este miércoles que continuará en el Penal de Ezeiza por un año más.

El socio comercial de Cristina Kirchner cumple mañana dos años en prisión, después que el 5 de abril de 2016 el juez Sebastián Casanello ordenó su detención en el marco de la causa en la que se encuentra tres veces procesado por lavado de activos.

Su abogado, Esteban Balian, había requerido al TOF 4 que llevará adelante el juicio oral y público de la Ruta del Dinero K, que se ponga fin a la prisión preventiva.​ El pedido tuvo el primer rechazo ayer cuando el fiscal ante el Tribunal, Abel Córdoba se opuso y por el contrario, pidió que se prorrogue por un año más la detención.

Los integrantes del TOF 4 decidieron que Lázaro Báez siga detenido. Entendieron al igual que el fiscal Córdoba, que se trata de una causa compleja. También, se tuvieron en cuenta los vínculos económicos e influencias que el ejercicio económico le significaron a Báez.

Entre otros aspectos, se contempló la existencia de otros procesos judiciales que lo involucran a Báez en maniobras que también incluyen sumas de dinero involucradas. De esta manera, se prorrogó por un año más la prisión preventiva del dueño de Austral Construcciones. Además, el fiscal Córdoba guardó la reserva de pedir que la prisión preventiva pueda incluso prolongarse por más tiempo durante el desarrollo del juicio oral.


Según pudo saber Clarín, para determinar si este año podría iniciar este juicio, el TOF 4 aún espera la decisión de la Cámara de Casación que debe resolver si la causa por la corrupción en la obra pública, donde Báez y Cristina Kirchner están procesados por asociación ilícita y defraudación al Estado, quedará radicada junto con la Ruta del Dinero K.

Lázaro Báez fue detenido por el juez Sebastián Casanello hace dos años, cuando el avión en el que viajaba desde Río Gallegos aterrizó en el aeropuerto de San Fernando. En su momento el magistrado sostuvo su orden de detención señalando que la nave no había presentado su plan de vuelo y eso podía implicar un plan de escape. Pero con el correr de los meses, el empresario K, desde la cárcel cometió diversas acciones tendientes a violar las medidas cautelar impuestas.

En este expediente que llevó adelante el juez Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, se acusó a Báez, a sus cuatro hijos (Luciana, Martín, Leandro y Melina), a Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco, Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Fabián Rossi, entre otros, por "integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad". La cabeza de todo, según la justicia, era el empresario K.

Las maniobras de lavado se realizaron, según contabilizó el juzgado, por 60 millones de dólares y esto derivo en embargos de 600 millones de dólares para cada uno de los principales imputados.

​La medida cautelar incluyó, por la misma cifra, a Austral Construcciones y otro conjunto de empresas que intervinieron en la maniobra de lavado de activos que asciende a 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Sin descartar que su patrimonio se incrementó sustancialmente entre 2010 y 2013: hoy suma más de 420 propiedades por un valor que asciende a los 2.547 millones de pesos.

En este contexto, la semana pasada pidió al TOF 4 que cumplidos los dos años de preventiva lo liberen. En su escrito, publicado por Clarín, señaló que “la única hipótesis que el juez investigó no es otra que la responsabilidad de Lázaro", e "incluso lo llamativo es que el Juez se apartó de las insistentes advertencias que realizó la Sala II para que define la situación procesal de Cristina Kirchner”.

Aún queda pendiente que el juez Casanello, por orden de la Sala II de la Cámara Federal porteña, decida si llamará a indagatoria a la ex Presidente en esta causa. Quedó imputada por el fiscal Marijuan como coautora de lavado de activos y las querellas (UIF y la Oficina Anticorrupción), pidieron que sea incluida en el expediente al considerar que Báez era un testaferro de la familia Kirchner.

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